El 77 por ciento de los consumidores europeos preferiría intentar reparar un producto que no funciona antes que comprar otro nuevo, aunque se resignan a terminar haciéndolo la mayoría de las veces, ya que el coste de la reparación y la calidad del servicio resultan siempre desalentadores.
La Comisión de Mercado Interior y Protección de los Consumidores del Parlamento Europeo ha impulsado una resolución que fue aprobada en el último pleno y que pide a la Comisión Europea que explore las posibilidades de impulsar una legislación que incentive a los fabricantes para que los productos tengan una vida útil más larga y sean reparables, empezando por la creación de una etiqueta europea voluntaria que incluya la durabilidad del producto, el diseño ecológico, la capacidad de modulación de conformidad con el progreso técnico y la posibilidad de reparación. El texto incluye la necesidad de definir de forma objetiva cuando un producto ha sido diseñado bajo el principio que se conoce como «obsolescencia programada».
Uno de los ejemplos más evidentes que señala la resolución —que no es vinculante— se refiere a los teléfonos móviles y pide algo tan simple como que sea posible cambiar las baterías cuando empiecen a fallar, para no tener que cambiar todo el aparato. También se sugiere que si las reparaciones han de durar más de un mes, que ello conlleve una prolongación del periodo de garantía. La resolución recuerda que la reparación de los productos podría significar nuevos empleos y una disminución de los residuos. «Cada año se generan en el planeta más de 40 millones de toneladas de basura electrónica por la corta durabilidad de los productos que compramos», recuerda a ABC el portavoz de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez.
Un reciente estudio del Instituto Oko y la Universidad de Bonn, difundido por la Agencia Federal de Medio Ambiente de Alemania, señala que el promedio de la vida útil de la mayoría de los dispositivos electrónicos disminuyó desde los 14,1 años a los 13 años entre el año 2004 y el 2013.
El eurodiputado francés del grupo de los verdes, Pascal Durand , que fue el ponente de este proyecto, dijo que en la UE se debe impulsar la posibilidad de reparar todos los productos que salen al mercado. «Tenemos que asegurarnos de que las baterías no están adheridas al dispositivo, para que sea posible sustituirlas y no vernos obligados a tirar un teléfono móvil cuando la batería falla. También hay que garantizar que los consumidores reciben información sobre la vida útil de los productos y de si pueden ser reparados o no», antes de decidir qué modelo quieren comprar.
El informe incluye sugerencias como la prohibición de que las marcas utilicen mecanismos para impedir que las reparaciones sean llevadas a cabo por técnicos diferentes a los suyos o que las piezas de repuesto necesarias no estén disponibles en venta libre.
Una «artimaña»
Las asociaciones de consumidores —Facua y OCU— dan la bienvenida a la iniciativa del europarlamento y están convencidos de que puede ser una gran oportunidad para acabar con lo que ellos consideran «una artimaña del fabricante para obligar a los consumidores a renovar cada cierto tiempo sus productos». «Los fabricantes utilizan componentes de baja calidad a sabiendas de que reduce la vida útil del aparato», advierte Sánchez.
Por ello, tanto Facua como OCU han pedido al Gobierno que «participe de forma activa en la aplicación de las medidas establecidas por el Parlamento Europeo, y que tenga en cuenta estas recomendaciones para la elaboración de leyes que impidan la fabricación y comercialización de productos con obsolescencia programada». «Los productos tienen que ser más duraderos, más reparables y más respetuosos con el medio ambiente», asegura a ABC el portavoz de OCU, Enrique García.
Un delito en Francia desde 2014
En Francia, la «obsolescencia programada» es un delito contra los derechos del consumidor desde 2014, que puede castigarse con hasta dos años de cárcel y 300.000 euros de multa.
La Ley Hamon de 2014, estableció un catálogo de medidas destinadas a proteger a los consumidores en muchos terrenos: banca y seguros; endeudamiento excesivo; sanidad; transportes; calidad de los productos, entre otros sectores. Quedó establecido entonces que todos los productos debían asegurar dos años como mínimo de garantía.
La misma Ley estableció como obligatorio que cada producto con un precio de venta superior a los 430 euros mencionase con precisión su «duración de vida«, proponiéndose que la garantía legal pasara de dos a cinco años.
Dos años más tarde, el 2016, la aplicación práctica de la Ley se verificó «compleja». Según un estudio publicado por las asociaciones «Amigos de la Tierra» y «60 millones de consumidores», la mención obligatoria de la «edad de vida» de los productos era «poco o nada seguida» en más de 500 super e hiper mercados.
Las mismas asociaciones constataban que era «difícil» poner en evidencia y perseguir judicialmente las eventuales «estrategias de obsolescencia» de los productos, sometidos, a problemas de muy distinta índole: incompatibilidad de nuevos sistemas y «sofware», defectos técnicos, falta de piezas de recambio, etcétera.
Los procedimientos jurídicos tampoco han facilitado la generalización de la lucha o resistencia contra la «obsolescencia programada». El consumidor debe probar ante la justicia lo bien fundado de sus sospechas: con lo cual, el lanzamiento de un proceso tiene con mucha frecuencia un costo excepcional, muy gravoso para los particulares.
La Ley de la Transición energética de 2016, intentó «normalizar» nuevas formas de delitos de obsolescencia programada, introduciendo nuevas pautas de conductas, desde una perspectiva «ecológica». Un más tarde, los nuevos matices de los delitos o presuntos delitos no han facilitado una mayor aplicación de la Ley de 2014, siempre en vigor y muy poco aplicada, informa Juan Pedro Quiñonero.
